La monarquía parlamentaria española está siendo objeto desde hace años, tanto de ataques directos como de un marcado menosprecio por parte de diversas formaciones políticas. Y no son pocos los ciudadanos que dan crédito a algunos de sus argumentos deslegitimadores, en absoluto sustentados por los hechos. Los estudios de opinión pública muestran que la monarquía no es un problema que preocupe a la ciudadanía, aunque un porcentaje apreciable de ciudadanos (a veces uno de cada cinco), la puntúa con un “cero” por “poco democrática”, “premoderna”, “anticuada” o “costosa”.

La opción republicana para la jefatura del Estado es perfectamente legitima y tiene todo el derecho a defenderse, siempre que se haga con argumentos y no con prejuicios. Lo que resulta reprochable es que a través de este debate se pretenda abrir una espita por la que puedan caber ataques a la Constitución de 1978, el verdadero objeto a derribar.

Que los ataques carecen de justificación lo prueba el análisis comparado de las actuales monarquías parlamentarias. Todas ellas figuran entre las mejores democracias del mundo, las economías más eficientes y menos corruptas, y las sociedades más modernas y avanzadas. La afirmación, repetida como un eslogan, de que democracia y monarquía no son compatibles, es simplemente falaz.